Retraso indefinido de la investidura de Chávez es inconstitucional
Washington
Freedom House condena el retraso indefinido de la toma de posesión de Hugo Chávez por considerarlo inconstitucional, y exhorta al gobierno Venezolano a que provea un camino claro para la salida de este impasse, consistente con las leyes Venezolanas.
La Asamblea Nacional aprobó el martes un acuerdo autorizando posponer la toma de posesión de Hugo Chavez prevista para hoy, para juramentarse en una fecha no especificada ante el Tribunal Supremo de Justicia, dado que el reelecto jefe de Estado permanece en Cuba, donde convalece con complicaciones. Hoy el gobierno impulsó una masiva concentración callejera, donde participaron el presidente de Bolivia Evo Morales y el presidente uruguayo José Mujica y donde se legitimó a Chávez como líder en ausencia.
Ignorando decisiones judiciales anteriores que establecen el 10 de enero como fecha para la toma de mando, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia interpretativa declarando constitucional el voto de la Asamblea. El pronunciamiento contraviene los artículos 231, 233 y 234 de la Constitución venezolana, que indican que el presidente tomará posesión de su cargo el diez de enero, mediante juramento ante la Asamblea Nacional, y si no pudiese, ante el Tribunal Supremo de Justicia, a menos que se declare una ausencia temporal o absoluta del presidente electo. Todos los magistrados del Tribunal Supremo fueron nombrados por Chávez y su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuenta con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
"El liderazgo en Caracas ha mostrado un flagrante desprecio por la letra de la Constitución", dijo David J. Kramer, presidente de Freedom House. "Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto tiempo más se dilatará la investidura presidencial en base a una evaluación independiente del pronóstico de salud de Hugo Chávez. Retrasar la toma de posesión de Chávez sin fecha definida es un abuso del proceso constitucional, y podría crear una crisis de gobernabilidad en Venezuela”.
La Carta Democrática Interamericana, de la cual Venezuela es signataria, establece que en caso de que en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios y visitas, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
"Los estados miembros de la OEA desempeñan un papel fundamental en apoyar al pueblo venezolano para que encuentre una resolución democrática al impasse constitucional actual”, agregó Kramer. "Los países de la región y la OEA deben acudir a los llamados de los venezolanos y apoyar un diálogo entre todos los actores que pueda abrir un camino para restaurar el proceso democrático en Venezuela".
Venezuela es considerada como “Parcialmente Libre” en las ediciones del 2012 de Libertad en el Mundo y Libertad en Internet, y como “No Libre” en la edición del 2012 de la publicación Libertad de Prensa.